Las generaciones pasan, pero la cultura del “patrimonicidio” sobre nuestro centro histórico no parece cambiar, pese a que hoy contamos con remedios legales para sancionar penalmente a los patrimonicidas”. Increíblemente, a las apuradas y en la opacidad de la noche, una demolición con apariencias de ilegalidad se dio sobre una edificación histórica del centro asunceno, en pleno inicio del 2026. El hecho quedó íntegramente filmado por transeúntes y denunciado por las propias autoridades administrativas. ¿Ante ello, qué decidirá la justicia?
El “patrimonicidio” o la práctica de matar el patrimonio histórico demoliendo joyas arquitectónicas, proviene de antaño en nuestro país. Arturo Bray se refería a este vicio de la siguiente manera: “esa dolencia endémica ya característica de los paraguayos: demoler lo existente, sin antes ni después reemplazar lo demolido por algo mejor”. Este fenómeno se puede corroborar en innumerables casos y en todas épocas, como lo que ocurrió por ejemplo con la demolición del emblemático Palacete Barrios (ex sede del Ateneo), obra del arquitecto Ravizza (creador del Panteón); hoy en su reemplazo habita...
Tras mucho tiempo de vacíos legales, y al amparo de nuestra actual Constitución Nacional, en cuyo artículo 81 se expresa la necesidad de proteger el patrimonio cultural (y la prohibición de destruir sus bienes), es recién en el 2016, con la aparición de ley 5621/16 de protección del patrimonio cultural, que, por fin, se traen protecciones y garantías legales relativamente cabales. Dentro de la definición que brinda dicha ley sobre los bienes considerados como patrimonio cultural, se encuentran inequívocamente comprendidos los bienes de carácter arquitectónico o valor urbanístico que...
Por otro lado, resulta interesante las penas carcelarias que la ley dispone para los “patrimonicidas”. En ese sentido, el que dañe o intente dañar un bien catalogado como Patrimonio Cultural Nacional, puede ser sancionado con una pena de hasta 10 años de cárcel (hasta 5 años cuando se trata de bienes declarados de Valor Patrimonial). A la hora de distribuir responsabilidades, cabría, por un lado, la del propietario que ordene la demolición de su inmueble protegido, y, por otro lado, la de los que ejecuten la demolición por parte de la empresa demoledora. Lastimosamente, cuesta encontrar...
Definitivamente, algo no se está haciendo bien para que en el 2026 sigamos, como sociedad culturalmente rica, experimentando casos de “patrimonicidios”. Visiblemente, el sentimiento de impunidad de quien se apresta a ser un “patrimonicida” lo habilita a seguir demoliendo. La aplicación de sanciones penales ante hechos corroborados podría ponerle fin a este cementerio de edificios históricos. Como complemento, la mejor sanción sería la de compeler al “patrimonicida” a reconstruir lo demolido, y así, vencer lo irreparable.
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