Las instituciones que deben perseguir o condenar a los delincuentes están podridas por la corrupción rampante, de modo que sería vano pretender que se dispongan con seriedad a sanear la República. Si el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Contraloría General de la República están inficionados en sus más altos niveles, sería ilusorio esperar que pongan algún empeño en denunciar, investigar y, menos, sancionar a los bandidos. La desvergüenza impune induce a muchos compatriotas a resignarse o hasta a creer que quien actúa con honestidad en el aparato estatal no es más que un tonto. Pese a todo, se debe proseguir la lucha contra los facinerosos, empezando por los grandes jerarcas. Al lamentable nivel de corrupción gubernamental a que ha llegado nuestro país, los gobernados ya solo pueden confiar en sí mismos, porque los delincuentes no tienen el menor interés en combatir a otros de igual calaña; los une la solidaridad en el delito. Por tanto, para expulsarlos del poder, los ciudadanos y las ciudadanas deben recurrir al arma más efectiva que posee un sistema democrático: la protesta pública expresada de manera firme y sostenida. Hay que defenderse de la agresión cotidiana de la basura política que sofoca al país.
Las instituciones que deben perseguir o condenar a los delincuentes están podridas por la corrupción rampante, de modo que sería vano pretender que se dispongan con seriedad a sanear la República.
La lista de los peces gordos que estarían incursos en alguna norma del Código Penal puede empezar con el fiscal general del Estado con “permiso”, Javier Díaz Verón –ahora reemplazado por Sandra Quiñónez–, quien por razones entendibles aún no ha sido ni tan siquiera imputado, pese a los abrumadores indicios de que se enriqueció ilícitamente y que, de paso, practicó un feroz nepotismo. Encabezaba el órgano que debe “promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social”, según reza la Constitución. El sentido común sugiere que el Ministerio Público mal podría cumplir...
También está en la picota el contralor general de la República, Enrique García, denunciado por no apelar, siendo asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, un fallo arbitral que obligó a la institución a pagar 3,6 millones de dólares en concepto de indemnización a la empresa Ivesur. Posteriormente, fue imputado por haber presentado documentos de contenido falso para defenderse de la acusación.
Otra figura relevante, hasta hace poco relacionada con la marcha de la Justicia, el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, está imputado por el hecho punible de tráfico de influencias. Cuesta creer que vaya a ser acusado y que termine en la cárcel, más aún considerando que habría influido en las decisiones de fiscales y magistrados, y sobre quienes debe tener mucha información comprometedora. Cabe subrayar que este sucio politicastro presidía nada menos que el órgano encargado precisamente de juzgarlos, aunque para ello careciera de la...
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