Tras tres décadas viviendo en condiciones precarias al costado de la ruta PY12, la comunidad indígena Tooshe Qaltaq, del Pueblo Qom, vuelve a alzar su voz ante lo que consideran una prolongada ausencia del Estado. Si bien la extensión del inmueble sería menor a lo establecido por la Ley 904/81 –que regula el estatuto de las comunidades indígenas–, los líderes consideran que representaría un paso fundamental para garantizar el arraigo comunitario y mejorar las condiciones de vida, sin renunciar a sus derechos territoriales establecidos por ley. Mientras avanzan las obras viales financiadas con recursos internacionales, las familias Qom temen que el desarrollo llegue sin contemplar su derecho fundamental a la tierra y a una vida digna.
Tras tres décadas viviendo en condiciones precarias al costado de la ruta PY12, la comunidad indígena Tooshe Qaltaq, del Pueblo Qom, vuelve a alzar su voz ante lo que consideran una prolongada ausencia del Estado.
El líder comunitario Eustaquio Ávalos denunció ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) la situación crítica que enfrentan las familias asentadas en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el distrito de General Bruguez.
La preocupación se intensifica ante el avance del Programa de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa – General Bruguez, una obra de gran envergadura que contempla la ampliación del derecho de vía –de entre 25 y 50 metros de ancho según el sector–, construcción de nuevos puentes, drenajes y pasos de fauna, entre otras mejoras.
El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión aproximada de USD 230 millones no habría contemplado –según denuncian– la afectación directa a la comunidad ni previsto fondos específicos para la compra de tierras que permitan su reubicación definitiva.
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