Los fondos jubilatorios son un manjar muy apetecible para los políticos, así que no debe sorprender que el Poder Ejecutivo haya vuelto a presentar un proyecto de ley por el que se crea una Superintendencia, dependiente del Banco Central, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y auditar las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, en sus aspectos administrativos, actuariales y financieros. Ya lo había presentado en términos similares en 2015, pero tuvo que retirarlo ante la fuerte resistencia de los gremios de empresarios y de los sindicatos, es decir, de los verdaderos y únicos dueños de los fondos en cuestión. Es indiscutible la necesidad de que el Estado regule las operaciones de esas entidades, tal como lo hace, por ejemplo, con las compañías de seguros y las entidades del sistema financiero, pues de la fiscalización de las operaciones o de la corrección de sus eventuales anormalidades depende el futuro de quienes durante décadas aportaron para tener una vejez digna. Lo peligroso es que algunos políticos aprovechen la ocasión para crear un mecanismo que les permita dar un tarascón al ahorro de los cotizantes. Ese sueño está siempre latente.
Los fondos jubilatorios son un manjar muy apetecible para los políticos, así que no debe sorprender que el Poder Ejecutivo haya vuelto a presentar un proyecto de ley por el que se crea una Superintendencia, dependiente del Banco Central, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y auditar las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, en sus aspectos administrativos, actuariales y financieros. Ya lo había presentado en términos similares en 2015, pero tuvo que retirarlo ante la fuerte resistencia de los gremios de empresarios y de los sindicatos, es decir, de los verdaderos...
Es indiscutible la necesidad de que el Estado regule las operaciones de esas entidades, tal como lo hace, por ejemplo, con las compañías de seguros y las entidades del sistema financiero, pues de la fiscalización de las operaciones o de la corrección de sus eventuales anormalidades depende el futuro de quienes durante décadas han aportado para tener una vejez digna. Lo peligroso es que algunos políticos aprovechen la ocasión para crear un mecanismo que les permita luego cumplir el sueño de dar un tarascón al ahorro de los cotizantes. Ese sueño está siempre latente.
El sector privado no cuestiona la regulación, sino la composición que tendría el Consejo Asesor de la Superintendencia. En efecto, estaría integrado solo por tres políticos o designados por los políticos: el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, de modo que en él, inexplicablemente, no estarían representados justamente ni los empleadores, ni los trabajadores ni los jubilados. Precisamente, por esta y otras razones, en esta semana que termina tres importantes entidades del sector privado, la Feprinco, la UIP y Cerneco,...
Con justa razón, se teme que el reiterado instrumento en estudio, más allá del saludable propósito declarado de regular las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, esté ocultando el alarmante propósito de que cualquier Gobierno pueda apropiarse discrecionalmente del dinero de los aportantes para financiar obras de infraestructura o cualquier otro objetivo “social”, sin garantía alguna de la devolución de los fondos, como lamentablemente ya ha ocurrido en el pasado.
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