La crisis de la educación superior paraguaya ha dejado al descubierto algo más grave que las deficiencias académicas: la existencia de un sistema de controles incapaz de impedir irregularidades que comprometen la fe pública y la calidad de la formación profesional. Frente a esta realidad, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación […]
La crisis de la educación superior paraguaya ha dejado al descubierto algo más grave que las deficiencias académicas: la existencia de un sistema de controles incapaz de impedir irregularidades que comprometen la fe pública y la calidad de la formación profesional. Frente a esta realidad, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) tomó una iniciativa sin precedentes. Con autonomía técnica, independencia institucional y sin someterse a los lobbies políticos y económicos del sector, decidió mostrar lo que durante años permaneció oculto detrás de...
La ANEAES no se limitó a denunciar una situación conocida. Produjo evidencia y remitió al Ministerio Público un informe técnico sobre 138.256 títulos universitarios, de los cuales más de 71.000 corresponden a carreras sin acreditación vigente. Entre ellos figuran miles de titulaciones de carreras sujetas a acreditación obligatoria conforme al artículo 2 de la Ley 2072/2003, como Medicina y Derecho. Más grave todavía es la existencia de casos sospechosos de expedición de títulos en carreras que ni siquiera contarían con la habilitación correspondiente. No toda ausencia de acreditación...
A este escenario se suman las contundentes declaraciones de la fiscala Teresa Sosa, quien denunció la existencia de protección política detrás del negocio de los títulos falsos y cuestionó la ineficacia de los controles del Ministerio de Educación y Ciencias y del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Su afirmación resulta particularmente reveladora: si no existiera protección política, los controles funcionarían. La Fiscalía deberá determinar quiénes brindan esa protección y cuáles son sus responsabilidades. Pero la pregunta institucional ya resulta inevitable: ¿cómo pudo...
El caso del CONES merece una discusión especial. Se trata de una institución cuyo diseño permite que representantes de las propias universidades participen en la regulación del sector al que pertenecen. Esta confusión entre reguladores y regulados constituye una puerta abierta a la captura corporativa del Estado. No sorprende que, bajo semejante arquitectura, la fiscalización haya resultado insuficiente y las responsabilidades se diluyan entre representantes, comisiones y procedimientos. La autonomía universitaria no puede convertirse en una coartada para garantizar la impunidad de los...
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