La parálisis administrativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) comienza a generar fuertes cuestionamientos de las universidades, ante las prolongadas demoras en el registro de títulos académicos. La Universidad Leonardo Da Vinci (ULDV) hizo pública su preocupación por una situación que perjudica directamente a sus egresados y pone nuevamente en evidencia la incapacidad del […]
La parálisis administrativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) comienza a generar fuertes cuestionamientos de las universidades, ante las prolongadas demoras en el registro de títulos académicos. La Universidad Leonardo Da Vinci (ULDV) hizo pública su preocupación por una situación que perjudica directamente a sus egresados y pone nuevamente en evidencia la incapacidad del aparato burocrático estatal para garantizar trámites esenciales.
El rector de la institución, Lic. Washington Torreani, mantuvo una reunión con el viceministro de Educación Superior, Dr. Hermenegildo Cohene, para exigir respuestas ante los expedientes pendientes. La universidad reclamó mayor celeridad administrativa y advirtió sobre las consecuencias de estos retrasos para el desarrollo profesional y académico de sus graduados. La protesta deja al descubierto una situación inaceptable: ciudadanos que culminaron sus estudios superiores permanecen atrapados en procedimientos administrativos sin respuestas oportunas.
El problema revela las profundas deficiencias de un sistema de educación superior donde las instituciones deben atravesar sucesivas instancias burocráticas para obtener documentos indispensables. Mientras el Estado multiplica exigencias, registros y procedimientos, demuestra una incapacidad alarmante para resolverlos con eficiencia. El resultado es una estructura administrativa que consume recursos públicos, acumula expedientes y traslada el costo de su inoperancia a las universidades y sus egresados.
El MEC debe explicar públicamente las causas de estas demoras, la cantidad de títulos pendientes de registro y los plazos concretos para regularizar la situación. Resulta inadmisible que el futuro profesional de miles de ciudadanos pueda quedar condicionado por la lentitud de las oficinas públicas. La educación superior paraguaya necesita instituciones que garanticen calidad y resultados, no nuevas barreras burocráticas que terminen castigando a quienes estudiaron y cumplieron sus obligaciones.
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