Por Guido Rodríguez Alcalá
Sobre el juicio político a Dilma Rousseff, me parece muy interesante un artículo del New York Times del 14 de abril pasado: "Dilma Rousseff Targeted in Brazil by Lawmakers...". Según el artículo, sobre el sesenta por ciento de los 594 miembros del Congreso del Brasil pesan serias acusaciones de soborno, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y homicidio. Al grupo pertenece, entre otros, Pablo Maluff, ex intendente de São Paulo, cuyos partidarios no trataban de negar su corrupción, sino que la justificaban con el eslogan de roba pero hace. Maluff estuvo preso, salió en libertad,...
El diputado y predicador Eduardo Cunha tiene su espacio radial y envía mensajes bíblicos a través de Twitter; sin embargo, la Justicia investiga las operaciones ilícitas en que ganó 40 millones de dólares. Al senador Renan Calheiros se lo acusa de recibir sobornos de Petrobras, evadir impuestos y hacer que un lobista le pase la pensión alimenticia a una hija extramatrimonial. Al diputado Éver Mauro se lo acusa de torturar y extorsionar a campesinos en Belem; al diputado Beto Mansur, de Goiás, de mantener a los trabajadores de su plantación de soja en condiciones de esclavitud.
El senador Ivo Cassol fue condenado a más de cuatro años de cárcel por corrupción, pero sigue ocupando el cargo porque apeló la decisión judicial. Él y otros miembros del Congreso, con procedimientos dilatorios, pueden dejar sin efecto la acción de los tribunales. El Times cita la opinión del activista brasileño Sylvio Costa: conseguir un puesto en el Congreso, para ciertas personas, es una licencia para robar; en este sistema grotesco, los ladrones más grandes son los que tienen más poder. Para Luis Almagro, secretario general de la OEA, a Rousseff no se la puede acusar de corrupción, sino...
La popularidad de Dilma se vino abajo porque ella no pudo cumplir sus promesas electorales: sobrevino una grave crisis económica, que golpeó a la clase media; aunque ella no se haya enriquecido con la corrupción, no ha combatido la corrupción en la administración pública y en el PT. Según observadores, empero, el juicio político no busca combatir la corrupción sino dar mayor poder a quienes lo impulsan.
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