El sistema internacional ha advertido normas, protocolos y disposiciones provisorias que razonan en la importancia de un régimen jurídico que articule la extinción y/o pérdida del derecho sobre un bien (activo) a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.
En dicho contexto, entre los años 2010 y 2011 el Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) había propuesto una “ley modelo” sobre la extinción de dominio, siguiendo los lineamientos que fueron trazados precedentemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la lucha directa contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
Ciertamente, esta figura de la extinción de dominio ocupa importancia ante la lucha contra toda fuente económica derivada de un delito subyacente. En tal sentido, los países de la región han sentado interés por potenciar lo expuesto en la “Ley Modelo de Extinción de Dominio” como el factor jurídico positivo ante un activo de origen o destinación ilícita.
Así, su naturaleza jurídica instruye un mecanismo rápido y eficaz contra la criminalidad organizada, neutralizando el avance negativo contra el orden económico, pues, la riqueza derivada de la actividad criminal resulta el objetivo principal de los organismos internacionales. Es por ello que la extinción de dominio recae directamente sobre activos configurados ilícitamente.
Cabe destacar que, mediante el apoyo técnico de la OEA (Organización de Estados Americanos) - CICAD (Control del abuso de Drogas ), se potenció la marcha de la “Ley Modelo” que define a los efectos normativos: a. “Actividad ilícita”: Toda actividad tipificada como delictiva, aún cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de la ley.
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