Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una radiografía sobre las prácticas de derechos humanos durante el 2024 en Paraguay, en la cual observaron retrocesos en libertad de expresión y prensa desde el Congreso de la Nación.
Según el documento, la libertad de expresión y prensa experimentó un retroceso en el gobierno de Santiago Peña, cuya gestión inicia su tercer año con una imagen reprobada por más del 50% de la opinión pública encuestada por la consultora argentina CB.
Para ilustrar las graves restricciones en materia de libertad de expresión y prensa, cita la creación de la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como comisión garrote, conformada por integrantes del partido gobernante y aliados, y la aplicación o la amenaza de leyes penales o civiles para limitar la expresión.
Las prácticas de la comisión –liderada por el liberocartista Dionisio Amarilla– no pasaron desapercibidas en el informe; entre ellas la de exigir información detallada a organizaciones que realizaban proyectos con fondos internacionales y la filtración de datos de periodistas y activistas como presentación de falsas evidencias de corrupción.
La asesoría jurídica de la cadena de minimercados, afectada por el cierre de todos sus locales, solicitó a la Dinavisa una reinspección para reabrirlos lo antes posible. Varios gremios calificaron la suspensión total como desproporcionada.
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