La gestión de las juezas Haydée Barboza, Mónica Rivas y Carmen Barrios es auditada por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional a cargo del abogado Mario Elizeche. La medida fue dispuesta por el titular de la Corte, Luis María Benítez Riera, a raíz de las publicaciones de nuestro diario en las que se criticó el fallo de las magistradas que liberaron a dos peruanos acusados por introducir droga al país, con una expectativa de pena de hasta 20 años de cárcel.
Los extranjeros liberados son Juan Manuel Huaman Villanueva y Júnior Abel García, que el 2 de setiembre de 2015 fueron detenidos en Ciudad del Este con 3 kilos y 11 gramos de cocaína.
Las juezas dijeron en su fallo que los hechos de introducción de estupefacientes al país y tenencia de droga no fueron probados en el juicio oral.
El fiscal antidrogas de la capital del Alto Paraná, Manuel Rojas, aseguró en su escrito de apelación de la sentencia que las magistradas cayeron en varias contradicciones. Enfatizó incluso que las juzgadoras alteraron datos del juicio, que es un hecho muy grave y que debería ser revisado por la Corte Suprema y el Jurado de Enjuiciamiento.
En cuanto a la tenencia de estupefacientes sin autorización, el fiscal refiere que “el tribunal sostiene dos hipótesis antagónicas. En la primera parte del fallo habla de la existencia de pruebas suficientes que demuestran el hecho. Sin embargo, luego concluye como no probado el hecho”.
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