La Conferencia Episcolpa Paraguaya (CEP) cuestionó a través de un comunicado la implicancia económica y la duplicación de controles por la Ley Garrote, por lo que solicitó una evaluación y ajuste de la normativa.
La (CEP) expuso su “profunda preocupación” con respecto a la Ley N° 7363/2024, conocida como , en un comunicado emitido este Miércoles Santo.
Explicó que la Iglesia Católica desarrolla “una vasta y abnegada labor en todos los rincones del país” a través de sus diversas estructuras, como diócesis, parroquias, congregaciones, obras sociales y fundaciones. Si bien la CEP coincide “plenamente” en la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos, expresó su “seria inquietud ante las implicancias, prácticas y económicas” de la también conocida como Ley anti-ONG y su sistema de inscripción en el Sistema de Información, Análisis y Registro Administrativo (Siara).
Alegó que si bien la normativa “puede contemplar excepciones para la Iglesia en su dimensión puramente religiosa, es innegable que muchas de sus estructuras y obras sociales reciben aportes del Estado, y a la vez, intervienen activamente en la ejecución de políticas públicas” en distintas áreas.
También sostuvo que “la inscripción en el Siara, la recopilación y presentación de la documentación requerida y el cumplimiento de reportes periódicos imponen una demanda burocrática y administrativa desproporcionada para la gran mayoría de las organizaciones eclesiales”.
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