La Cámara de Senadores aplazó la discusión del proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de DD.HH. En un contexto en el que las amenazas y atentados contra periodistas van en aumento y que ayer recordamos el 11º aniversario del asesinato de nuestro colega Pablo Medina Velázquez, una ley de periodistas no es el “privilegio de ciudadanos de primera”, es una deuda con la democracia. Ante la falaz narrativa de que este proyecto es para una “casta privilegiada”, conviene puntualizar que el periodismo no persigue un favor especial.
Cuando un periodista es agredido o asesinado, es una voz que se apaga y el efecto de la censura recae sobre todos. De hecho, Paraguay ha acumulado 21 periodistas muertos en las últimas tres décadas y entre 600 y 700 casos de violencia y agresión contra comunicadores durante ese tiempo, razón suficiente para pensar en un abordaje legislativo del tema. Una ley de esta naturaleza está codificada como una obligación legal internacional que está entre las garantías de no repetición requeridas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado paraguayo tras la histórica sentencia...
Puntualmente, la CIDH solicitó “que se tomen medidas para aprobar un proyecto de ley sobre libertad de expresión y para proteger a periodistas, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos”. La Corte también recomendó reforzar el trabajo de la Mesa de Seguridad para Periodistas en Paraguay, establecida en 2016 cuando el Estado se comprometió a cumplir con el Plan de Acción de la ONU, a través de una Carta de Intención firmada por tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la Fiscalía, en colaboración con la Unesco. A estos se sumaron los principales gremios periodísticos....
Los hechos y la política dictan que se requiere un régimen legal distinto para proteger solo a periodistas. Una investigación preparada por CIDSEP para el proyecto de periodismo libre y seguro mostró que el 61,3% de los consultados consideraron que la protección para los defensores de DD.HH. debe abordarse en otra ley especial.
El Congreso ahora tiene la oportunidad histórica de saldar cuentas con esta deuda que pesa sobre Paraguay desde el caso de Santiago Leguizamón, y se renueva con cada agresión como la que hace 11 años le quitó la vida a Pablo Medina. Ahora es el momento para que el Senado actúe, enfrente y avance en un marco legal robusto, viable y efectivo, que proteja la libertad de expresión como piedra angular de la democracia; para que el trabajo de prensa pueda realizarse sin miedo y sin más condición que contar libremente cómo son las cosas.
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