El combate al crimen organizado está solo en discursos. La impunidad que se otorga a jueces y fiscales que favorecen a miembros de bandas criminales es una evidencia de ello. El Jurado de Enjuiciamiento el 23 de mayo pasado revocó el pedido de suspensión de juezas que blanquearon al supuesto narco-asesino, Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao. El colmo.
El Jurado de Enjuiciamiento levantó el pedido de suspensión de las juezas Carmen Silva Boveda, Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Soto González, miembros del Tribunal de Sentencia que absolvió a Pereira Rivas, quien fue acusado por el homicidio del periodista Leo Veras, ocurrido en febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero.
La Cámara de Apelación había anulado la sentencia de juicio oral y criticado duramente a las magistradas que dictaron la sentencia.
El 17 abril pasado nomas el Jurado resolvió enjuiciar a las magistradas y pedir la suspensión de las mismas a la Corte, por la gravedad del hecho cometido en sus funciones.
Sin embargo, ocho días después, el ministro Manuel Ramírez Candia solicitó que se revoque el pedido de suspensión que se tenía que enviar a la Corte Suprema. El ministro alegó que las magistradas conforman el único Tribunal de Sentencia de la circunscripción.
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