La Corte mantiene el Consejo de Administración Judicial a pesar de que sus funciones se duplican con otras direcciones administrativas y financieras del Poder Judicial que fueron creadas por ley. Al año, el alto tribunal desvía G. 4.581 millones en el referido órgano cuya legalidad se pone en duda.
El Consejo de Administración fue creado por acordada N° 865 del 10 de diciembre de 2013. Desde un principio su legalidad se puso en duda, pero pese a ello, los ministros lo mantienen hasta hoy. Se esperaba que con la renovación que se dio en la Corte, los nuevos ministros supriman el CAJ, cuyas funciones se duplican con otras direcciones administrativas del Poder Judicial.
El CAJ, que está integrado por Roberto Torres, exdirector general de administración y finanzas; Luz Antúnez; Alberto Martínez y Edward Vittone, fue creando varias otras dependencias, que luego se fueron llenando de funcionarios con altos sueldos.
Así se creó la Consejería de Auditoría y Control de Gestión Administrativa y Financiera, que anualmente le cuesta al Poder Judicial G. 1.247.288.256, que es salario de personal.
También está la Consejería en Planificación y Desarrollo, cuyo funcionamiento cuesta anualmente G. 977.912.830 solo en pago de sueldo a funcionarios.
Leer la nota completa en Diario ABC