El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) solo acciona para recuperar lotes de campesinos que incumplieron algún requisito del estatuto, pero de acuerdo con las denuncias, no tiene el mismo criterio para pelear por los inmuebles adjudicados ilegalmente a los Stroessner, Rodríguez, Riquelme, Domínguez y una larga lista de adjudicatarios presuntamente irregulares.
La administración actual del ente agrario, presidida por Justo Pastor Cárdenas, difunde casi como propaganda el lema de “recuperación de tierras de manos de no sujetos de la reforma agraria”. Sin embargo, ni siquiera menciona que existen denuncias sobre más de 7 millones de hectáreas de tierras malhabidas, que también podrían estar en la lista del patrimonio a ser reivindicado en favor del Estado.
Según señaló a nuestro diario el Abog. Hugo Waldino Lovera, esas denuncias no solo fueron presentadas ante el Indert, sino también a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía. Los datos fueron corroborados por la Comisión de Verdad y Justicia, que los incluyó en sus informes finales.
Son tierras que debían haber sido utilizadas para los fines de la reforma agraria, es decir, que el instituto rural tenía que entregar a los agricultores con el perfil para ser beneficiario de tierras del Estado. Por el contrario, los lotes fueron concedidos a ministros, expresidentes, autoridades en general. De acuerdo con los datos, hay personas que recibieron 47 veces tierras fiscales, pese a que la ley agraria dispone que solo una vez puede ser adjudicado (ver cuadro).
En algunos casos, acotó Lovera, la Justicia se expidió en contra del Estado, diciendo que la Procuraduría no tiene legitimación activa para hacer los reclamos sobre dichas tierras. “Aquí hubo complicidad de jueces desde la Primera Instancia hasta la Corte Suprema. En puridad lo que hubo fue producción de documentos no auténticos y adjudicaciones irregulares”, resaltó.
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