Marilin Rehnfeldt Spaini (*) Hace unos días un perito en Asuntos Indígenas nombrado por la Corte Suprema de Justicia dictaminó en un caso de violación de una niña indígena de 12 años, violada por su profesor de escuela, que este hecho: “… No es un hecho grave ni de punición alguna porque en su cultura las niñas a partir de la edad de 12 años ya son aptas para contraer responsabilidades de una mujer adulta”. Las leyes penales paraguayas, así como la Constitución del Paraguay en su capítulo V sobre Pueblos Indígenas son fundamentales porque establecen que tanto el acusado como la víctima tienen derecho a un traductor o a un perito especialista en cuestiones indígenas. Si bien esta normativa significa un avance en el acceso a la justicia, en algunos casos, el acusado puede hacer un uso abusivo de este derecho y argumentar que el hecho no constituye un delito según sus prácticas culturales y para agravar la situación, los llamados “peritos indígenas”, tienen un absoluto desconocimiento de los códigos culturales indígenas y menos aún una capacitación académica en antropología, lo que les lleva a dictámenes aberrantes y violatorios de las leyes penales de la República del Paraguay y los derechos consuetudinarios indígenas como es el caso que nos ocupa.
Hace unos días un perito en Asuntos Indígenas nombrado por la Corte Suprema de Justicia dictaminó en un caso de violación de una niña indígena de 12 años, violada por su profesor de escuela, que este hecho: “… No es un hecho grave ni de punición alguna porque en su cultura las niñas a partir de la edad de 12 años ya son aptas para contraer responsabilidades de una mujer adulta”. Sobre este aberrante dictamen quiero referirme. El abuso sexual en menores indígenas es uno de los hechos punibles más lesivos que atenta sus derechos como ser humano, ataca no solo su sexualidad, sino produce daños...
En el caso de que nos compete, el Dictamen N° 24 del perito en Asuntos Indígenas, omitimos su nombre porque el caso aún está en los estrados judiciales, manifestamos cuanto sigue:
1. Existe una falencia para nombrar peritos especialistas, que acompañen a los indígenas en los procesos judiciales, el tal perito arriba mencionado, demuestra un completo desconocimiento de la cultura Mbya guaraní en el caso de violaciones que, de acuerdo con el derecho consuetudinario Mbya esta totalmente prohibido y la pena consiste en la aplicación al delincuente de castigos físicos que consisten en 50 latigazos más la expulsión de la comunidad y en el caso de que el violador sea pariente del grado que fuere, se considera incesto y el castigo era, en otros tiempos la pena de muerte....
2. Las leyes penales paraguayas, así como la Constitución del Paraguay en su capítulo V sobre Pueblos Indígenas son fundamentales porque establecen que tanto el acusado como la víctima tienen derecho a un traductor o a un perito especialista en cuestiones indígenas. El objetivo es que la persona pueda comprender el debido proceso y, al mismo tiempo, explicar su cosmovisión y sus prácticas culturales.
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