De que la salud pública en el Paraguay continúa en terapia intensiva, lo avalan varios casos publicados solo en los últimos días. Es presumible que la enorme mayoría de las víctimas del sistema sanitario soporte sus calamidades en estoico silencio, pero las quejas que llegan a la opinión pública son más que suficientes para concluir que el derecho a la salud consagrado en la Constitución es violado cotidianamente en todo el país, de la manera más flagrante. Dada esta situación, solo resta confiar en que la movilización de los pacientes, de sus familiares y de la ciudadanía en general, constriña a los responsables de la salud pública a que cumplan con la obligación estatal de protegerla y promoverla.
De que la salud pública en el Paraguay continúa en terapia intensiva, lo avalan algunos de los varios casos publicados solo en los últimos días: el 25 de septiembre se supo que, al decir de la asegurada Susana Molas, el Instituto de Previsión Social (IPS) no tiene medicamentos ni siquiera para la presión arterial, mientras ahora otra paciente habla de falta de medicamentos para enfermos cardiacos. El 28 se publicó que el asegurado Ariel Gómez intentaba desde hacía tres meses que su niña sea atendida por un oculista, y que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) carece de varios costosos...
Es presumible que la enorme mayoría de las víctimas del sistema sanitario soporte sus calamidades en estoico silencio, pero las quejas que llegan a la opinión pública son más que suficientes para concluir que el derecho a la salud es violado cotidianamente en todo el país, de la manera más flagrante. Resulta así una burla cruel que la Constitución diga cuanto sigue: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los...
La misma normativa dispone que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fueren objeto por parte del Estado, de modo que los familiares de fallecidos por falta de atención médica, de equipos o de medicamentos podrían formular la demanda judicial correspondiente. Como el común de la gente no podría afrontar los costos que acarrea una acción judicial, con resultados inciertos, los damnificados no hacen valer su “derecho fundamental” a la salud. Están solos, porque a sus representantes en el Consejo del Administración del IPS o en...
¿Se interesaron alguna vez los diputados por Canindeyú –Cristina Villalba (ANR) y Teófilo Espínola (PLRA)– por las condiciones en que se halla el Hospital Distrital de Curuguaty? En general, a los politicastros no les inquieta el drama sanitario; al contrario, les sirve más bien para ganar votos, donando remedios o influyendo para que sus “recomendados” sean atendidos o consigan ambulancia, según se infiere de la arenga que Horacio Cartes lanzó el 21 de agosto del año pasado en San Juan Bautista de las Misiones: instó a los dirigentes colorados, que buscarían camas hospitalarias para sus...
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