El abogado de las empresas, señaló que con la anulación, se podrá proceder a la devolución de los G. 17.044.000.000 que fueron entregados en concepto de adelanto. En caso de la rescisión, se entrará en un litigio judicial, según dijo.
Gustavo Irala, responsable de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, explicó que la anulación solo puede realizarla la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Pero Contrataciones Públicas ya no puede anular porque los contratos ya no existen. Ellos (las empresas), tratan de evitar las multas”, refirió.
La rescisión determina la culpa, en este caso la falta de cumplimiento de la empresa y la obligación de cumplir con los pagos que determinan las pólizas del contrato.
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