Natalia ArriagaMadrid, 28 dic (EFE).- Hacía muchos años, quizá desde que en 2008 se disputaron los Juegos Olímpicos en Pekín, que la política no irrumpía de forma tan aparatosa en el deporte como lo ha hecho en este 2022, con la guerra de Ucrania y el Mundial de fútbol como fuentes principales, aunque no únicos, de injerencia.
Rusia, China, Catar. Pero también Irán, Afganistán, Guatemala. Sus políticas, o las decisiones de sus instituciones, han condicionado la práctica del deporte en sus propios o en terceros países, siempre con los deportistas como víctimas involuntarias.
En muchos casos, las mujeres lo han sido por partida doble. En Afganistán están apartadas del deporte. En Irán, obligadas a competir con velo. En China, vigiladas para que no abandonen la senda oficial. Y todas olvidadas apenas semanas después de ocupar portadas, devoradas por la actualidad.
Como ocurrió en 2008 con los Juegos de verano, la disputa el pasado febrero en Pekín de los Juegos Olímpicos de invierno llegó precedida por la reserva de muchos gobiernos por las violaciones de los derechos humanos en el país asiático. Estados Unidos promovió un boicot diplomático a los Juegos, que fue secundado por países de su entorno, pero que no tuvo efectos prácticos en la competición.
La principal polémica estuvo relacionada con la tenista china Peng Shuai, quien denunció a finales de 2021 en una red social que había sido víctima de abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.
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