La controvertida decisión de los jueces de un Tribunal de Sentencia de Paraguarí, que hallaron culpable a un hombre por el abuso sexual de su hijastra de 7 años pero lo liberaron de prisión a cambio de cumplir ciertas normas, haciendo gala de un lenguaje soez y de profundos antivalores durante la emisión de la sentencia, revela de qué manera sectores de la Justicia paraguaya actúan sin un enfoque de derechos y sin tener en cuenta la necesaria protección a la niñez y la adolescencia. De este modo, la niña no solo sufrió el abuso de su violador, sino también el abuso de quienes deben ejercer justicia. Un horroroso caso que despierta indignación en la ciudadanía y requiere una ejemplar sanción de los organismos pertinentes.
Los términos en que el juez Jorge Giménez Samaniego habló desde el estrado está lejos de la conducta que debe observar todo magistrado. Sostuvo que “felizmente” no se probó que hubo penetración, “pero para nosotros, de forma unánime, sí se probó una cosa, que hubo abuso sexual porque está probado que vos le besaste, le frotaste...”, expresó el magistrado. “Para nosotros eso quedó probado”, ratificó. Es decir, contrariando a lo que la propia ley establece, haber comprobado que sí hubo abuso sexual, pero sin confirmar que hubo penetración, para el juez Giménez Samaniego disminuye la gravedad...
También es deplorable el grado de complicidad que los magistrados demostraron con el acusado, minimizando la gravedad del delito cometido. “Sos un tipo preparado, hablás bien, tenés tu profesión, mitã’i porã”, le dijo el juez Giménez al condenado. “Consideramos que ya estuviste privado de libertad. Te vamos a dar una sanción: Ya no te vas a ir adentro”, le indicaron, dando como válidos por todo castigo los ocho meses que el acusado había guardado prisión preventiva durante la investigación del caso.
El escándalo que provocó la situación reflejada a través de la prensa obligó a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) intervenga en el caso y ordene la remisión del expediente para investigar y analizar lo ocurrido. Ayer, también, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema dispuso una auditoría de gestión jurisdiccional al expediente de estos jueces para verificar y elaborar un informe al respecto.
Lo llamativo fue que, tras la publicación de la sentencia, los tres jueces aludidos acudieron a la redacción de este diario para responder a lo publicado, reafirmándose en sus actuaciones y asegurando que no iban a pedir disculpas.
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