BOGOTÁ, LIMA Y SANTIAGO DE CHILE. Danilson tenía 49 años, “jovial y sociable”, se dedicaba a enseñar yoga, pero un cáncer de lengua le robó el habla y el placer de la gastronomía. Su cuerpo se fue deteriorando y, voluntariamente, decidió optar por una muerte digna.
La eutanasia, el último derecho de la libertad personal, se va abriendo paso de manera lenta pero firme en Latinoamérica, una región eminentemente conservadora y católica donde Colombia, el país de Danilson, dio el primer paso en derribar ese tabú y pronto pueden seguirle Chile y Perú. Estos tres países suramericanos representan tres momentos distintos de la misma demanda, pues mientras en Colombia ya es una realidad, en Chile está a punto de ser ley y en Perú se acaba de presentar un proyecto de ley a la par que hay abierto un histórico proceso judicial para despenalizar la muerte digna.
Colombia es el único país de Latinoamérica donde es legal la eutanasia y uno de los seis en el mundo, tras la reciente inclusión en este reducido grupo de España. “Siempre hubo la esperanza de que los tratamientos funcionaran pero finalmente se confirmó que había vuelto a aparecer el cáncer y él tomó la decisión, pues ya venía pensándolo por el deterioro de la calidad de vida”, cuenta a Efe Fernando Mora, viudo de Danilson.
Él nunca “perdió sus capacidades mentales y cognitivas” , precisa su viudo, por lo que fue él mismo quien, totalmente decidido y consciente de lo que quería, averiguó cómo era el proceso, presentó la solicitud en una clínica y dos meses después falleció. “Ese día le midieron los signos vitales, lo acostaron en su cama, le pusieron suero, nos pusieron a conversar con él, llegó el doctor, lo sedó y, cuando estaba dormido, le pusieron los medicamentos para causarle la muerte... y ya, se fue”, relata Mora.
El de Danilson fue uno de los 94 procedimientos de eutanasia practicados en Colombia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se reglamentó el derecho, 18 años después de que en 1997 la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental.
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