Lambaré parece tener una maldición. Desde hace 20 años los intendentes que han asumido el cargo, cuentan con una imputación y uno incluso terminó en la cárcel por homicidio. La historia sigue ahora con Armando Gómez.
Los tres empleados eran pagados con recursos del Estado por los trabajos que hacían en su propiedad.
El diputado colorado fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras admitir el ilícito y ofrecer pagar G. 30 millones, así como hacer una donación de G. 5 millones, obtuvo la suspensión condicional
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