Aplazar proyectos de ley y postergar sanciones a legisladores constituyen actividades propias del mal hábito que caracteriza a varios congresistas. Al parecer, los comunes no son los únicos que dejan las tareas y responsabilidades “para más tarde”.
Así como un alumno posterga sus horas de estudio y trabajos pendientes hasta el día anterior a su examen o un hijo deja los cubiertos sin lavar hasta que su madre olvida que se lo pidió, la procrastinación, es decir, atrasar tareas o decisiones, también se da en en la vida política de nuestro país. Este mal hábito aplaza el desarrollo de actividades que no benefician los intereses de varios legisladores.
En este sentido, la Cámara de Diputados postergó la semana pasada el tratamiento del proyecto de ley que busca cancelar la jubilación de los parlamentarios, programando la discusión del mismo para dentro de 90 días. La propuesta, presentada por la legisladora encuentrista Kattya González, pretende eliminar las pensiones de retiro de los congresistas, por considerarlas injustas en comparación al monto de la jubilación que recibe el resto de la ciudadanía.
Actualmente, los parlamentarios pueden jubilarse luego de 10 años de aporte, cobrando el 60% de su último salario. En contraste, un trabajador asegurado en IPS puede retirarse a partir de los 55, pero con 30 años de servicio, dos décadas más que lo requerido para los legisladores; además, el ciudadano solo percibiría el 80% de su sueldo.
Pese a la evidente brecha entre un sector y otro, la diputada liberal Celeste Amarilla alegó que el proyecto en cuestión es de carácter populista; esta declaración induce a hacerse varias preguntas. ¿Acaso reducir, al menos, un porcentaje del excesivo monto que ganan los parlamentarios al retirarse no es una causa totalmente justa?, ¿cualquier propuesta que atente contra los intereses económicos y personales de los legisladores debe ser aplazada y tildada de populista?
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