El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declare en desacato a Perú por liberar al exdictador Alberto Fujimori.
Desde que el martes el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la libertad inmediata de , en una la resolución firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, el país esperaba si el Gobierno iba a acatar esta decisión judicial, o si iba a prevalecer lo solicitado por la .
Este tribunal había publicado una resolución en la que requería al Estado peruano que se abstenga de liberar al ex gobernante, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno, horas después de la liberación del ex dictador peruano, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del TC.
En la noche del miércoles el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos, pidió a la CorteIDH que declare en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones como ya ocurrió en el pasado con Nicaragua y Venezuela.
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