La ley está… pero faltan agallas

El economista Manuel Ferreira plantea reformar la Ley 1.626 con el argu­mento de que es preciso introducir cambios en el sistema de remuneración del funcionariado público. Pero advierte que dicha reforma debería afectar sólo a nuevos funcionarios porque si se intentara aplicarla a los ya exis­tentes

Una vez más hay que repetir lo obvio. No son necesarias nuevas leyes. Bastaría con aplicar estrictamente las ya existentes".

El economista Manuel Ferreira plantea reformar la Ley 1.626 con el argu­mento de que es preciso introducir cambios en el sistema de remuneración del funcionariado público. Pero advierte que dicha reforma debería afectar sólo a nuevos funcionarios porque si se intentara aplicarla a los ya exis­tentes, el Estado tendría que afrontar sus conse­cuencias ante la justicia.

Ferreira asume como irreversibles las barbarida­des cometidas en términos presupuestarios, algo que debe saber muy bien ya que ha sido ministro de Hacienda durante el Gobierno de Federico Franco. Citando sus pro­pias cifras, el 93% del PGN se va en gastos corrientes –salarios en su mayor parte-, agujero negro que insume el 71% de los ingresos tributarios que van a parar a los bolsillos de 301.926 funcionarios que si se los tocara, se armaría la de San Quintín en los estrados judiciales.

La ley de la Función Pública, tal como está, es herramienta suficiente para un Gobierno con agallas. Con solo aplicar a la letra lo establecido en su artículo 35, las planillas salariales del Estado adel­gazarían notablemente. Dice: “La promoción del funcionario público solo se hará previo concurso de oposición en razón de las calificaciones obtenidas y los méritos, aptitudes y notoria honorabilidad, comprobados mediante evaluaciones periódi­cas…”. Es obvio que tales evaluaciones, si se llevan a cabo, de nada sirven, porque el Estado rebosa de inútiles que cobran fortunas pero que...