Asimismo, el sistema procesal penal frustra las posibilidades de medidas alternativas a la prisión cuando uno no tiene medios para ofrecer garantías reales, lo que evidentemente “genera un trato absolutamente desigual”, decía el comisionado Óscar Ayala Amarilla, del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP), quien proporcionaba el dato, del universo penitenciario, el 60% son procesados. En la otra cara de esta realidad de desigualdad e injusticia que promueve nuestro sistema podemos ver a la empresaria Dalia López, prófuga de la Justicia por seis años, luego en prisión casi un mes, en una celda con todas las comodidades y luego de manera expeditiva recibe arresto domiciliario con tobillera electrónica. Junto a los privilegios de Dalia López y de Anadelia Acosta se deben recordar casos, como el del ex gobernador de Central, Hugo Javier González, quien está libre, pese a estar condenado a 10 años de cárcel por desvío de G. 5.105 millones o el del ex diputado colorado Miguel Cuevas, quien sigue libre a pesar de una sentencia de 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, desde el 2023 o de Óscar Ñoño Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes, hermano del presidente del Senado, Basilio Núñez que tiene una condena de 11 años de cárcel por causar un perjuicio al Estado paraguayo de G.
Nuestro sistema de Justicia es severo al juzgar microdelitos, pero cuando se trata de personas con poder se muestra complaciente. Esta desproporción fue retratada hace décadas por el obispo salvadoreño, asesinado por la dictadura y declarado santo por el papa Francisco, monseñor Óscar Arnulfo Romero. La injusticia atenta contra la democracia y debilita al Estado de derecho.
Un titular de ÚH indicaba: “Por abuso de prisión, procesados por meros delitos llenarían tres cárceles”. Ahí explicaban los expertos que en Paraguay “estamos ante una política judicial que criminaliza la pobreza”, mientras que personas que ostentan algún tipo de poder, condenadas, pasan sus días en sus casas.
Para el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, es evidente que “hay una selección” y aplicó el término de “selectividad penal”, al referirse a que algunas personas son más vulnerables “a ser criminalizadas”. Se preguntaba también: ¿Por qué condenados en primera instancia a 5 años o más pueden tener medidas alternativas e imputados con misma expectativa de pena tienen prisión preventiva durante todo el proceso?
Asimismo, el sistema procesal penal frustra las posibilidades de medidas alternativas a la prisión cuando uno no tiene medios para ofrecer garantías reales, lo que evidentemente “genera un trato absolutamente desigual”, decía el comisionado Óscar Ayala Amarilla, del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP), quien proporcionaba el dato, del universo penitenciario, el 60% son procesados. Esto implica que la población carcelaria sin condena en nuestro país se ubicaba en un 60% para el caso de los hombres y del 47% entre las mujeres, según datos del Mecanismo. La institución alertaba...
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