La legalización de actividades lucrativas no es otra cosa que adquirir el título de contribuyente, y operar dentro del marco normativo que, en teoría, debería ofrecer la tutela oficial del Estado, ya sea por medio de estamentos nacionales o locales como las municipalidades, posibilitando la total garantía de su ejercicio. Este aspecto no es bien […]
La legalización de actividades lucrativas no es otra cosa que adquirir el título de contribuyente, y operar dentro del marco normativo que, en teoría, debería ofrecer la tutela oficial del Estado, ya sea por medio de estamentos nacionales o locales como las municipalidades, posibilitando la total garantía de su ejercicio. Este aspecto no es bien visto por muchos, considerando que indefectiblemente implicará el pago constante de impuestos.
Pero esta negativa no pasa únicamente por el despojo de cierta parte de ganancias que sufrirán quienes ofertan productos y servicios, sino la falta de retribución efectiva del dinero entregado en aras del mejoramiento de las condiciones de vida. La falta de cultura tributaria se debe a la penosa corrupción oficial que hizo de la evasión y de las operaciones en negro tradicionales.
Este hecho hasta la fecha sigue generando tremendas dudas en cuanto a la eficacia de someterse a los rigores de la norma para seguir ejerciendo el comercio o la prestación de servicios de transporte de personas, como los venidos de las famosas plataformas. No caben dudas de la importancia de demostrar otra cara, el aspecto efectivo de la contribución para con el ejercicio de la función estatal.
La formalización de mesiteros, taxistas, y los diferentes subtipos de comercios y servicios, es un punto fundamental para aspirar a algún beneficio que en teoría sobreviene de ella. Toda actividad lucrativa está reglada por el marco legal correspondiente, y todas ellas apuntan al pago de impuesto. Pese a que es tremendamente injusto pagar al Estado por una tutela inexistente y una garantía somera, es el principio de oportunidades reales.
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