La pesquisa se basa en el informe final elevado por la interventora María Carolina Llanes al Poder Ejecutivo, cuya copia también fue presentada ante la Fiscalía, para que los agentes de la Unidad Anticorrupción y Contra el Lavado de Dinero puedan intervenir.
Los fiscales intervinientes se incautaron de documentos relacionados con contrataciones y adjudicaciones del 2018, bajo la administración de Sandra McLeod de Zacarías. La carátula administrativa es por lesión de confianza en la administración del Municipio, pero sin nombrar aún a la destituida intendenta como la sospechosa, según la fiscala Aghemo.
“En principio sería irresponsable atribuirles la responsabilidad a algunas personas. Estamos llevando documentaciones que vamos a analizar y a ver qué grado de responsabilidad y participación pudieron haber tenido los funcionarios de las distintas dependencias”, afirmó.
Los agentes del Ministerio Público presentaron una orden judicial para incautarse de los documentos y soportes técnicos de diferentes oficinas: Acción Social, Centro de Procesamiento de Datos, Unidad Operativa de Contrataciones Públicas, Prensa, Recursos Humanos, Dirección de Finanzas y Dirección de Auditorías.
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