La Fiscalía General del Estado, a cargo interinamente de Alejo Vera, confirmó ayer en la investigación de los sucesos del 31 de marzo a la fiscala Raquel Fernández, a pesar de que la propia agente había pedido ser apartada tras filtrarse cruces de llamadas entre ella y Luis Canillas, asesor de Yacyretá.
"Esto es muy grave porque a pesar de que la Fiscalía tenía sospechas de que Fernández hablaba con Luis Canillas, operador político del presidente Horacio Cartes, se le mantiene en la causa", afirmó ayer el abogado de los padres de Rodrigo Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos.
Recordó que la propia agente pidió ser apartada por decoro, porque su objetividad ya se veía afectada. "Esta fiscala fue la que nos negó los extractos que pedimos desde julio de 2017", se quejó Duarte.
IMPUGNACIÓN. El abogado manifestó que solo restan 55 días para presentar acusación contra Gustavo Florentín, el policía que habría disparado al joven liberal, y preocupa que seguirán sin fiscal.
Esto, debido a que el mismo Duarte Cacavelos anunció que presentará mañana impugnación contra Fernández ante la Corte Suprema de Justicia, ya que el plazo establecido es de 3 días desde la confirmación. Por su parte, la máxima instancia judicial tiene un plazo de cinco días para resolver. Si no resuelve quedaría como interina la fiscala Silvana Otazú, pero ella se inhibiría por ser amiga de Duarte Cacavelos.
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