El padecimiento de miles de pequeños empresarios es una realidad innegable, pero la causa no son los derechos salariales de los funcionarios públicos. La verdadera razón de ese padecimiento es la debilidad del Estado para disciplinar a los bancos y financieras, quienes han fracaso en facilitar la gran cantidad de créditos disponibles. Existe una idea, […]
El padecimiento de miles de pequeños empresarios es una realidad innegable, pero la causa no son los derechos salariales de los funcionarios públicos. La verdadera razón de ese padecimiento es la debilidad del Estado para disciplinar a los bancos y financieras, quienes han fracaso en facilitar la gran cantidad de créditos disponibles.
Existe una idea, con fuerte resonancia en la opinión pública, que sostiene que «si la cuarentena afectó al sector privado, el sector público no puede quedar eximido», de lo cual se deriva que es «inmoral» que los empleados públicos cobren su salario en contexto de crisis sanitaria.
No es casual que sean los «emprendedores» -neologismo para significar empresarios-, los grandes medios y sus representantes parlamentarios quienes acicatean este eslogan. Aunque con un interés que choca con el de los sectores medios, este discurso intenta captar su adhesión, intentando canalizar la indignación legítima que viven por la merma de ingresos.
Pero mientras que para los grandes grupos económicos el Estado es un «carga», para los sectores medios el Estado es quien debería facilitar los servicios básicos.
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