La Corte Suprema sacó a relucir su hilacha arbitraria al rechazar “in limine” una acción de inconstitucionalidad presentada por la Editora del Este SA – Vanguardia contra fallos judiciales que prohíben la difusión de información respecto al proceso por acoso abierto contra un docente de una universidad de Ciudad del Este. Los derechos vulnerados En ocasión de presentar la acción contra los fallos de jueces del Alto Paraná que censuran a los medios de prensa, los abogados de Editora del Este – diario Vanguardia, Porfirio Garcete e Yrma Núñez precisaron que los fallos cuestionados fueron dictados en abierta violación a los artículos 16 (De la defensa en juicio), 26 (De la libertad de expresión y de prensa), 28 (Del derecho a informarse), 29 (De la libertad de ejercicio del periodismo), 137 (de la supremacía de la Constitución) y 256 (de la forma de los juicios) de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema sacó a relucir su hilacha arbitraria al rechazar “in limine” una acción de inconstitucionalidad presentada por la Editora del Este SA – Vanguardia contra fallos judiciales que prohíben la difusión de información respecto al proceso por acoso abierto contra un docente de una universidad de Ciudad del Este.
La acción, promovida por los abogados Porfirio Garcete Vega e Yrma Griselda Núñez Cabañas, con patrocinio del doctor César Coll Rodríguez, está dirigida contra el fallo dictado por el juez penal de garantías Amílcar Antonio Marecos y los camaristas Mirian Meza de López y Aniceto Amarilla Arévalos, en mayo y junio pasados.
Los magistrados hicieron lugar a un amparo promovido por la Universidad Tres Fronteras (Uninter) y su rectora Nancy Romero de Duarte contra varios medios de comunicación, con el objeto de prohibir la difusión de imágenes e información sobre la denuncia de acoso presentada por una docente contra ingeniero Gustavo Duarte Ruiz Díaz, director y propietario de la citada institución.
Los abogados de Vanguardia sostuvieron que los fallos atacados de inconstitucionales no vulneran solamente las garantías que amparan el trabajo periodístico, sino también a la población en general a recibir información, máxime cuando se trata de la investigación de un supuesto hecho punible cometido dentro de una casa de estudios.
Leer la nota completa en Prensa5
