Cinco legisladores buscan revertir los cambios a la normativa y fortalecer la transparencia y las sanciones en la función pública.
Un grupo de senadores opositores presentó un proyecto para restablecer la ley de puerta giratoria, tras el caso Ueno/Peña. La iniciativa busca recuperar los mecanismos de prevención, control y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Los legisladores cuestionan las modificaciones introducidas durante el gobierno de Santiago Peña, que consideran perjudiciales para la transparencia estatal.
La propuesta fue presentada por Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista; Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional; y Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana. También acompañan Ignacio Iramaín, independiente, y José Oviedo, de Yo Creo. Los parlamentarios pretenden revertir los cambios que, según sostienen, debilitaron los controles sobre funcionarios y exfuncionarios públicos.
La Ley 7089 fue promulgada en abril de 2023 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez. Su propósito era impedir que altos funcionarios aprovecharan información privilegiada y contactos institucionales para obtener beneficios laborales en empresas privadas. La normativa apuntaba especialmente a quienes pasaban a trabajar en sectores que anteriormente habían regulado desde el Estado.
La legislación sufrió modificaciones durante el actual periodo político. En diciembre de 2025, la Cámara de Senadores se ratificó en cambios a la normativa sobre conflictos de intereses. Según los proyectistas, estas alteraciones redujeron considerablemente su alcance y debilitaron las herramientas destinadas a prevenir posibles irregularidades en la administración pública.
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