Una rosca aduanera consiguió la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4252/10 para evitar jubilarse. En la lista resaltan dirigentes políticos, personas involucradas en corrupción y vinculadas a los expresidentes Nicanor Duarte y Luis González Macchi.
Con el argumento de que la Ley 4252/10 que modifica varios artículos de la Ley N° 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” atenta contra los preceptos constitucionales de la igualdad, la no discriminación, la calidad de vida y el derecho al trabajo, los ministros de la Corte Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Cantero permitieron que 39 funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) sigan aferrados a sus cargos en vez de jubilarse como dispone la normativa correspondiente.
Otros 10 empleados de la DNA también están en procura de obtener dicho privilegio, pues consiguieron medidas cautelares y ya existe la jurisprudencia de la Corte con el caso de los otros 39.
Lo peor: Algunas personas que figuran en la lista de los beneficiados tienen nefastos antecedentes. Fueron procesadas pero la justicia les benefició (como lo hizo en este tema jubilatorio), ya sea con proceso abreviado o archivamiento de la causa.
Bernardo Ferreira Galeano, por ejemplo, había sido imputado por enriquecimiento ilícito al igual que Cristóbal Amarilla Rojas, Faustino Ortega Medina y Gregorio Maidana Benítez (ver infografía). Sebastiana Mendieta Candia es otra involucrada en evasión. Ingresó perfumes como si fuera tinte, por lo que la justicia la condenó a pagar una multa de G. 600 millones. Sus compañeros hicieron una colecta para ayudarle a pagar. Otro es Faustino Ortega Medina, quien había sido acusado de comprar los chips que utilizaron los asesinos de la aduanera Yolanda María Benítez en 2005, pero fue desvinculado...
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