Por Enrique Vargas Peña En las últimas semanas nuestro pueblo fue testigo de la irrupción, en el funcionamiento de las instituciones judiciales, de un poder no previsto en nuestra Constitución ni autorizado por ella: el poder corporativo. El gremio médico se opuso exitosamente al resultado de un proceso judicial desarrollado en sus tres etapas legales,... Read More
En las últimas semanas nuestro pueblo fue testigo de la irrupción, en el funcionamiento de las instituciones judiciales, de un poder no previsto en nuestra Constitución ni autorizado por ella: el poder corporativo.
El gremio médico se opuso exitosamente al resultado de un proceso judicial desarrollado en sus tres etapas legales, por el que dos integrantes del mismo, las médicas Olga Cañete y Sofía Oviedo fueron condenadas a penas carcelarias por la comisión de negligencia en la atención de Romelia Páez de Segovia que, como consecuencia de dicha negligencia, dejó de existir.
Exitosamente porque el jueves pasado, 7 de abril, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, de la mano de la ministra Myriam Peña, tras el uso de la fuerza por parte del gremio médico (http://bit.ly/1UPQsWE) hizo lugar a un pedido extraordinario de revisión de una sentencia condenatoria confirmada por las tres instancias judiciales, incluso la mismísima Corte Suprema, por el que las médicas condenadas evitan ir a la cárcel y abren la puerta para ser absueltas (http://bit.ly/1RIexfo).
El gremio médico funcionó para este caso como una corporación (“Del ingl. corporation, y este del lat. corporatio, -ōnis. 1. f. Organización compuesta por personas que, como miembros de ella, la gobiernan”).
Leer la nota completa en Diario La Nación
