Una auditoría reveló que juzgados y tribunales de apelación de Caazapá y Coronel Oviedo mintieron a la Corte sobre sus producciones y audiencias pendientes. Ahora deben dar explicaciones al superintendente de Justicia.
El examen fue realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, a cargo de Mario Elizeche.
Gracias al sistema informático Judisoft, a las informaciones consignadas en el Formulario de Recopilación de Información Estadística (FRIE), además de las verificaciones in situ, se supo que varios juzgados del interior tienen grandes discrepancias entre lo informado a la Corte Suprema y lo que realmente produjeron en el 2018.
En ese sentido, el Tribunal de Apelación de Caazapá, integrado por Guido Ramón Melgarejo (presidente), Édgar Adrián Urbieta Vera y Margarita Miranda Brítez, quedó como “observado” y ahora debe justificar sus diferencias al superintendente de Justicia, Rafael Monzón.
En la auditoría se especificó que el tribunal de alzada informó a la CSJ que contaba con 7 (siete) expedientes en estado de autos para sentencia, pero en una verificación se encontró una diferencia de 3 expedientes.
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