El juez de Ejecución de Delitos Económicos Carlos Mendoza rechazó las excepciones de incompetencia en el caso de las irregularidades en la construcción de obras en 15 instituciones educativas que causaron un perjuicio de Gs. 859 millones durante la administración de Roberto Cárdenas en la Municipalidad de Lambaré. Los recursos fueron planteados por el ex […]
El juez de Ejecución de Delitos Económicos Carlos Mendoza rechazó las excepciones de incompetencia en el caso de las irregularidades en la construcción de obras en 15 instituciones educativas que causaron un perjuicio de Gs. 859 millones durante la administración de Roberto Cárdenas en la Municipalidad de Lambaré.
Los recursos fueron planteados por el ex director de administración y finanzas del municipio, Guido Salcedo, condenado a 6 años de cárcel y por el jefe de Obras, Alejandrino Duarte, condenado a 3 años de pena privativa de libertad. Ambos buscaron frenar el inicio de la ejecución de sus sentencias con el argumento de que las resoluciones judiciales aún no se encontraban firmes. Sin embargo, el Juzgado concluyó que los planteamientos carecen de fundamento legal y rechazó ambas excepciones por “notoria improcedencia”.
Tanto Salcedo como Duarte se encuentran actualmente prófugos. Pese a ser intimados a presentarse ante el juzgado o en cualquier comisaría o penitenciaría del país, ninguno de los dos se ha puesto a disposición de la justicia. En cambio, presentaron incidentes para evitar la ejecución de sus respectivas condenas, alegando la falta de firmeza de la sentencia S.D. Nº 539 de fecha 21 de diciembre del año 2021.
Los argumentos de las defensas se basaban en la existencia de recursos de aclaratoria, en particular, sobre las costas procesales y en la vigencia de la Acordada Nº 1807 de la Corte Suprema, que reorganizó la competencia de los juzgados de ejecución. Sin embargo, ni el Juzgado ni el Ministerio Público consideraron que estas acciones interrumpieran la ejecutoriedad de las sentencias.
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