Fue presentado el pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien ya está próximo a jubilarse en marzo al cumplir 75 años. Un nuevo proyecto de juicio político, más testimonial que efectivo, fue presentado en la Cámara de Diputados contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, a quien se le quiere “jubilar” por anticipado después de conocerse un contrato entre su hijo Amílcar Fretes y Sharif Kassem Hijazi, por el cual se pretendía evitar la extradición a los Estados Unidos del padre de éste, el empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi. Pero el “affaire” ocurre en forma simultánea con “golpes” fortísimos que asesta dicho poder paralelo en coincidencia con el reemplazo próximo en la fiscalía general del Estado, que es el puesto más codiciado en estos momentos para seguir marcando líneas a los magistrados judiciales, aunque también es posible ver una luz de esperanza en que el recambio en el Ministerio Público opere el “milagro” de tender hacia la independencia del Poder Judicial, muy necesaria para que el país ingrese a una nueva era con el relevo que también se tendrá en el próximo período constitucional, en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El escándalo de la “coima documentada” sólo vino a confirmar la existencia de poderosos intereses económicos y políticos por detrás de las decisiones judiciales, pero en el caso Hijazi ya tocaron los intereses vitales de Estados Unidos, que mantiene una lucha frontal contra el crimen organizado del narcotráfico ligado al extremismo islámico de Hezbollah. El ministro Antonio Fretes fue uno de los firmantes del “tour” obligado de Hijazi, pero hay que recordar también que ya el mismo Fretes había firmado en 2008 a favor de Kassem Mohamad Hijazi, el rechazo de la acción de inconstitucionalidad que había presentado la fiscalía contra una decisión del tribunal de apelación que blanqueó al empresario brasileño-libanés en un caso de supuestos hechos punibles contra el erario (evasión impositiva). Tanto la fiscalía general a cargo de Sandra Quiñónez como los magistrados judiciales no habrían podido por sí solos enviar a Estados Unidos a Kassem Mohamad Hijazi, acusado en la justicia norteamericana por lavar dinero del narcotráfico a favor del crimen organizado y del financiamiento de actividades terroristas.
Fue presentado el pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien ya está próximo a jubilarse en marzo al cumplir 75 años.
Un nuevo proyecto de juicio político, más testimonial que efectivo, fue presentado en la Cámara de Diputados contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, a quien se le quiere “jubilar” por anticipado después de conocerse un contrato entre su hijo Amílcar Fretes y Sharif Kassem Hijazi, por el cual se pretendía evitar la extradición a los Estados Unidos del padre de éste, el empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi.
Se le reclama la renuncia al titular de la Corte, en forma unánime por parte de actores políticos y profesionales del Derecho, pero Antonio Fretes permanece aferrado a su cargo a la espera que pase la tormenta y se retire del Poder Judicial en marzo, cuando cumpla 75 años.
El cuestionado ministro saldrá prácticamente por la ventana, porque sus propios colegas le exigen también un paso al costado apresurado, con tal de “limpiar la imagen” de una Justicia cada vez más desprestigiada.
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