El proceso abierto por el desvío de los G. 68 mil millones del MAG constituye un palmario ejemplo de la diferencia en que la justicia actúa, según el poder económico de los procesados. Una vez más, los pobres cumplen sus condenas en prisión y los que tienen recursos, en sus casas.
Justicia, implacable contra los pobres pero complaciente ante poderosos
El 6 de setiembre del 2014, la Fiscalía acusó a 21 personas por estafa, lesión de confianza y otros delitos, tras concluir la investigación del de G. 68 mil millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los exministros - exsenador liberal y actual parlasuriano- y Rody Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga integraban la nómina de acusados pero, chicanas mediante, lograron mantenerse al margen del proceso por años.
El primer juicio por este caso concluyó en diciembre del 2017, con la condena de Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Fenaprofhp, respectivamente, fueron condenados a penas de 11, 9, 9 y 7 años de cárcel, en ese orden.
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