El Jurado de Enjuiciamiento de Magistardos (JEM) tomó conocimiento de los antecedentes sobre una llamativa decisión de la ya muy cuestionada juez Isabel Bracho, quien dispuso la realización de una prueba pericial para evaluar la credibilidad de testimonios de dos menores víctimas de abuso. A partir del 17 de octubre, el JEM podrá analizar la […]
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistardos (JEM) tomó conocimiento de los antecedentes sobre una llamativa decisión de la ya muy cuestionada juez Isabel Bracho, quien dispuso la realización de una prueba pericial para evaluar la credibilidad de testimonios de dos menores víctimas de abuso. A partir del 17 de octubre, el JEM podrá analizar la apertura de una investigación o un enjuiciamiento a la magistrada.
La juez penal de garantías Isabel Bracho dispuso la realización de una prueba pericial psicológica destinada a evaluar la credibilidad de los testimonios de dos menores implicados en una causa por presunto abuso sexual, una medida que generó un fuerte debate sobre el interés superior del niño y la idoneidad de ese tipo de diligencias en etapas tempranas del proceso.
La resolución, que según habría sido impulsada por un oficio con alcance sobre ambos testimonios, provocó la inmediata reacción de la parte querellante, que calificó la medida de “no solicitada por la Fiscalía” y advirtió que la pericia podría vulnerar el debido proceso y revictimizar a los niños. Fuentes señalaron que la decisión fue interpretada por la querella como una diligencia extraordinaria que debería solicitarse y articularse con protocolos especializados para la atención de víctimas infantiles.
La controversia se profundizó cuando la magistrada, aparentemente, terminó por suspender o revocar parcialmente los efectos del oficio que ordenaba el test de credibilidad, en medio de críticas públicas y planteos de reposición por parte de la querella. Ese giro procesal muestra la tensión entre la potestad del juez para ordenar pruebas y las exigencias de protección y reserva que rigen en causas con víctimas menores de edad.
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