No hay ambiente ahora para un juicio político a los ministros de la Justicia Electoral, pese a que cometieron prevaricato, al emitir un fallo convocando a elecciones en Ciudad del Este, en contra de la ley. Frescamente, pretendieron luego corregir el yerro dejando sin efecto lo resuelto.
Una vez más, se salvarían de una merecida destitución, pese a que los tres han demostrado una conducta indecorosa: plagio de una tesis doctoral, malgasto de viáticos, clientelismo y nepotismo galopante. En un país en el que las instituciones funcionasen más o menos bien, hace rato habrían tenido que renunciar.
La clase política representada en el Congreso no impulsará el mecanismo constitucional de destitución “porque es demasiado diciembre” y porque existe una división tajante en los dos principales partidos, lo cual hace difícil llegar a un consenso sobre los reemplazantes de los ministros.
El presidente del Senado Silvio Ovelar (ANR, Añetete) dijo que, si no hay acuerdo político previo, el juicio no correrá. Achaca al Frente Guasu que su interés en el juicio pasa por obtener un cupo entre los tres ministros, algo que ese sector político no oculta. Ovelar no dice, en cambio, que de haber una barrida en el TSJE ellos exigirán su cupo, al igual que el PLRA.
El problema es la división existente en los partidos, sin liderazgos claros.
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