La criticada jueza de Capiatá, Norma Salomón, cuyo esposo, Farid González, fue imputado por recibir coima para negociar una causa a cargo de la magistrada, siempre tuvo protección desde del Jurado y la Corte. Se jacta por sus fuertes vínculos políticos.
En octubre de 2014, Salomón había sido suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, junto al fiscal Luis Casaccia por favorecer al procesado Aguedo Lezcano, detenido en el 2013 con dos litros de cocaína líquida en su poder. El involucrado, hermano del entonces diputado por Amambay, Marcial Lezcano, estuvo involucrado fuertemente en este sonado caso.
Sin embargo, en el 2017, tanto Salomón como Casaccia fueron blanqueados por el órgano juzgador, en una muy criticada decisión. Desde un principio se habló de fuertes injerencias políticas y de las maniobras en el JEM, para dejar impune a la citada magistrada.
En aquella ocasión, el preopinante a favor de Salomón fue el diputado liberal, Eusebio Alvarenga. Se adhirieron el senador colorado Oscar González Daher (+), el entonces diputado Oscar Tuma, el entonces senador Adolfo Ferreiro y la ministra de la Corte Suprema, Gladys Bareiro de Módica (+).
Votaron por el apercibimiento de la magistrada los entonces miembros Adrián Salas y Cristian Kriskovich.
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