La jueza Lici Sánchez, encargada de a Unidad Especializada Anticorrupción, informó que su intervención de este miércoles formó parte de un requerimiento previo del Ministerio Público, por denuncias presentadas por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, coacción grave, tráfico de influencias, etc, contra personas innominadas.
Según la magistrada, el allanamiento a la Municipalidad de Asunción se solicitó a los efectos de proceder a la incautación de equipos informáticos y aparatos celulares, y, aunque en la denuncia presentada existen nombres y apellidos, ese no fue ese el punto del Ministerio Público, sino más bien la incautación.
“El allanamiento se dio porque se trata de personas que están cumpliendo una función específica dentro de la Municipalidad de Asunción, y eso hace que si hubiéramos dado cumplimiento a una de las partes de la legislación, la de pedir el permiso correspondiente, se podrían perder esa evidencias, razón por la cual determiné que directamente se proceda al allanamiento”, detalló la jueza.
Sánchez confirmó que existe sospecha de hecho punible de acción penal pública, por lo que se requiere necesariamente la intervención del Poder Judicial a los efectos de contar con la evidencias.
Posteriormente, si se hallan estas pruebas, se iniciaría el proceso con la imputación de las personas sospechosas de cometer los ilícitos.
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