La juez de Rosarito Montanía rechazó un incidente de nulidad de actuaciones que planteó la defensa de Gianina García Troche, pareja del prófugo Sebastián Marset. La magistrada indicó no se violaron derechos ni garantías relativas a la intervención, asistencia y representación de la imputada. El incidente fue planteado el 28 de julio por el abogado […]
La juez de Rosarito Montanía rechazó un incidente de nulidad de actuaciones que planteó la defensa de Gianina García Troche, pareja del prófugo Sebastián Marset. La magistrada indicó no se violaron derechos ni garantías relativas a la intervención, asistencia y representación de la imputada.
El incidente fue planteado el 28 de julio por el abogado Osvaldo Daniel Arrúa, quien sostiene que se violaron garantías constitucionales, plazos procesales y normas del Código Procesal Penal (CPP). Según la defensa, la etapa preparatoria ya había vencido y, sin embargo, el Juzgado otorgó un “nuevo” plazo de investigación al Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de la procesada.
Arrúa argumenta que el Ministerio Público contó con 18 meses para investigar y presentar su requerimiento conclusivo, pero no lo hizo dentro del plazo legal. Añade que la rebeldía de la imputada, declarada en febrero del año 2022 cuando García Troche no se hallaba en el país, no suspende la investigación ni revive plazos vencidos. Para la defensa, esta situación constituye una nulidad absoluta y configura violaciones al debido proceso.
En su escrito, el abogado califica de “resolución manifiestamente contraria a derecho” la decisión de la magistrada de otorgar otro plazo de seis meses, atribución que, según sostiene el abogado, corresponde únicamente al Tribunal de Apelaciones. Incluso llega a plantear que tal acto podría encuadrar en el tipo penal de prevaricato.
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