El próximo 12 de junio de 2025, a las 9:30 el juez Mirko Valinotti fijó fecha para la audiencia preliminar en la causa que investiga una estafa cometida supuestamente por Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, exintegrantes del directorio del Grupo Mocipar. Ambos soportan una acusación presentada por la fiscal Patricia Sánchez […]
El próximo 12 de junio de 2025, a las 9:30 el juez Mirko Valinotti fijó fecha para la audiencia preliminar en la causa que investiga una estafa cometida supuestamente por Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, exintegrantes del directorio del Grupo Mocipar. Ambos soportan una acusación presentada por la fiscal Patricia Sánchez Saldívar, que los señala como responsables de liderar un esquema fraudulento que operó entre 2011 y 2018, afectando a cientos de personas, entre ellas Carmen Celeste Coronel Caballero, quien figura como denunciante y víctima en este caso.
En la resolución del pasado 22 de mayo, se hizo lugar a la reapertura del expediente y se admitió el requerimiento acusatorio contra Durand y Román. En la misma resolución, se aceptó el pedido de sobreseimiento definitivo para los otros cuatro imputados en la causa: Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Luz Marina González de Durand y María Patricia Espínola Durand. Para abordar los pedidos de sobreseimientos, se fijó la audiencia para las 9:00 horas.
La acusación del Ministerio Público expone con detalles el modo de operar del esquema presuntamente fraudulento, que giraba en torno a contratos de adhesión promovidos por las firmas Mocipar Propiedades S.A., Mocipar Hogar S.A. y Mocipar Automotores S.A. Según la fiscal Sánchez, los acusados “se valieron del rol que ostentaban en el directorio para conformar un esquema que, mensualmente, les permitía recibir sumas de dinero por parte de personas que luego de haber pagado durante años una cuota y haber cumplido con los círculos establecidos, no habían recibido nada a cambio por la cantidad...
Uno de los casos emblema es el de Carmen Coronel, quien entre 2011 y 2018 suscribió tres contratos consecutivos con Mocipar Propiedades S.A., abonando más de G. 13.000.000 sin haber recibido jamás alguno de los bienes prometidos —ya fueran electrodomésticos, muebles o una vivienda. Coronel fue inducida a firmar contratos repetitivos con promesas de recuperación de lo ya aportado, bajo nuevas condiciones y sin claridad sobre el costo total de los inmuebles ofertados. “Contrato tras contrato sin beneficios”, destaca la acusación fiscal.
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