El juez que opinó en disidencia en la resolución que obliga al Estado paraguayo a pagar unos US$ 4 millones a Alfredo Jaeggli (h) sostiene con claridad que, ajustándose al principio de legalidad, no se puede ni debe pagar un solo guaraní de lo reclamado, porque la transferencia nunca se concretó.
El 28 de diciembre de 2011, los magistrados Martín Ávalos Valdez, Rodrigo A. Escobar y Mario Maidana Griffith firmaron la sentencia Nº 324 que confirma la validez de la resolución N° 910 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La resolución del MOPC autoriza el pago de US$ 2 millones a Alfredo Jaeggli (h), Aníbal Gavilán y Esteban Serrati “en concepto de adquisición de un inmueble para comunidades indígenas en el distrito de Itakyry, Alto Paraná”.
El MOPC, según la resolución, se comprometió a pagar ese dinero por una finca de 1.500 Ha. Al descubrirse que la tierra en cuestión no existía, se resolvió anular el contrato y no pagar la millonaria suma.
Jaeggli (h), Gavilán y Serrati solicitaron al Tribunal de Cuentas, 1ª Sala, que la resolución 910 siga vigente y con ella la obligación de pago por el inmueble.
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