El juez en lo civil y comercial Miguel Ángel Rodas declaró la nulidad del acuerdo conciliatorio entre el Estado paraguayo y la familia Arza Huerta referente a la compraventa de una propiedad de Luque por G. 45.000 millones, tras concluir que la Procuraduría se extralimitó en su función.
El magistrado Rodas dejó sin efecto el acuerdo firmado el 20 de febrero del 2012 entre el entonces procurador general de la República, Pedro Valiente Lara, y Mauri Arza Huerta y María Carmen Irene Arza Huerta, mediante el cual el Estado adquiere la finca N° 41470 de Luque, por G. 45.675.000.000.
El 24 de octubre del 2013, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón presentó una demanda de nulidad de acto jurídico, tras lo cual el juez dispuso la suspensión de la ejecución del acuerdo, como medida cautelar.
Mediante dicho acuerdo, Valiente Lara comprometió al Estado paraguayo al millonario pago a los Arza Huerta, como una manera de dar solución al problema derivado del reclamo de la familia, que denunció la usurpación en 1943 de ocho hectáreas de su propiedad, por parte de la Fuerza Aérea.
Rodas afirma que el procurador general de la República no puede asumir obligaciones que comprometan al Estado paraguayo, potestad exclusiva del presidente de la República o de los ministros del Poder Ejecutivo, en la medida que dicha atribución le sea delegada.
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