Jueces supremos de Brasil en la mira por caso Master

Jueces supremos de Brasil en la mira por caso Master

SÃO PAULO El terremoto político provocado por el escándalo del caso Master amenaza con tumbar a los poderosos jueces de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes y José Antonio Dias Toffoli, tras las revelaciones de la prensa y el pedido para instalar una comisión de investigación para esclarecer los vínculos de los magistrados con el banquero detenido por una multimillonaria trama de corrupción. También se investiga un contrato firmado entre el bufete de abogados de la esposa de De Moraes y el Banco Master por 129 millones de reales (unos 25 millones de dólares). Otro reporte desveló que la familia del juez Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, a un cuñado del banquero investigado, llamado Fabiano Zettel, por unos 6,6 millones de reales (unos 1,2 millones de dólares). Por ello, un grupo de senadores solicitó instalar una comisión de investigación para esclarecer los vínculos de De Moraes y Dias Toffoli con el banquero detenido.

El terremoto político provocado por el escándalo del caso Master amenaza con tumbar a los poderosos jueces de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes y José Antonio Dias Toffoli, tras las revelaciones de la prensa y el pedido para instalar una comisión de investigación para esclarecer los vínculos de los magistrados con el banquero detenido por una multimillonaria trama de corrupción.

El caso Master salió a la luz a finales del año pasado cuando el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación extrajudicial del Banco Master, en medio de una investigación por un fraude millonario mediante la venta de títulos de crédito falsos.

De acuerdo con las autoridades, Daniel Vorcaro, dueño del Master, es el pilar central del escándalo, considerado por el Gobierno como el mayor fraude financiero de la historia de Brasil y que ha salpicado a importantes jueces y autoridades de diversas instituciones de Brasil.

Vorcaro ha sido detenido dos veces desde el inicio de las diligencias por parte de la Policía Federal. La última, el pasado 4 de marzo por sospechas de que intentó coaccionar a testigos y ordenar atentados contra periodistas.

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