En una entrevista exclusiva con Judiciales Net, la ministra y presidenta de la Sala Penal, Carolina Llanes, sostuvo que la reciente acordada que reglamenta tres artículos del CPP fue redactada para detener la mala práctica por parte de los operadores del sistema, quienes permiten que las causas sean desvirtuadas y no se busque llegar a la verdad.
Llanes fue enfática al señalar que la norma, vigente desde el año 2000, es clara al determinar las facultades disciplinarias que posee el magistrado judicial, y que la acordada busca ejercer el control disciplinario, una obligación legal que poseen todos los jueces y tribunales.
Agregó que se debe respetar el debido proceso y que los directores del proceso, es decir, los magistrados, deben velar por el fiel cumplimiento de sus deberes, de modo que las causas avancen sin contratiempos, evitando así dilaciones indebidas como ocurre en la actualidad.
“Esta estructura normativa y pragmática es lo que configura el debido proceso; presupuesto esencial para la validez de los actos procesales y la legitimación del poder penal del Estado.
Dentro de sus deberes y potestades, los jueces y tribunales deben velar por la regularidad del litigio; mientras que las partes intervinientes deben litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y el ejercicio abusivo de sus facultades. Esta es la razón por la que el legislador ha establecido el poder de disciplina del juez y la potestad de aplicar sanciones a los litigantes de mala fe.
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