En su última sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la jueza, tras las conclusiones de la auditoría de gestión realizada por la Corte Suprema de Justicia a su despacho. La Corte ya había adoptado la medida cautelar de suspenderla en sus funciones y remitir sus antecedentes al JEM.
La Corte también remitió los antecedentes al Ministerio Público para someterlos a análisis y verificar si la conducta desplegada por la magistrada constituye un hecho punible, al igual que en los casos de sus colegas de Asunción.
La magistrada está salpicada por el mismo esquema de fraude con pagarés que ha dejado a cientos de víctimas —en su mayoría funcionarios públicos y jubilados— despojadas de sus haberes, sin posibilidad de defenderse en juicios ejecutivos impulsados de forma unilateral y aparentemente avalados por una red de corrupción judicial.
Pero el escándalo no se limita a la magistrada. La investigación revela que varios funcionarios judiciales del mismo juzgado también habrían participado activamente en el esquema delictivo, lo que extiende la mancha de corrupción más allá de los despachos de Asunción.
Además de la jueza Norma Beatriz Ortiz de Segovia, están bajo sumario administrativo los actuarios judiciales Elena Noemí Ojeda Duré, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán, así como el ujier notificador Sergio Daniel Orué Sanabria.
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