Como suele acontecer cada cierto tiempo, el tema de los proverbiales “gastos sociales y ambientales” de la Entidad Binacional de Itaipú vuelve al debate de la agenda pública, no sin cierto tufillo político de por medio o como forma de ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo de turno con distintos objetivos.
Según ciertos legisladores de perpetua presencia en el Congreso, el criterio adecuado es que esos gastos pasen a integrar el Presupuesto General de la Nación, con el fin de “transparentar” el uso de los mismos. ¿Será?
En el fondo, lo que se pretende es que el Legislativo, con “oportuno” parecer político, disponga la utilización de esos recursos a su arbitrio, lo cual supone –a estas alturas ni falta que hace recordarlo- repartir las partidas presupuestarias de esos fondos con perspectiva partidaria, la mayoría de las veces clientelista. En suma, se quiere que la oveja sea apartada del cuidado del pastor para pasar a ser “custodiada” por el zorro.
Para cumplimentar este fin, no sin cierto manto de sospecha, se pide al Ejecutivo que remita al Congreso para su aprobación la Nota Reversal N° 1, suscrita el 31 de marzo de 2005, a los efectos de su ratificación. El documento confirma las iniciativas que la Binacional ya venía desarrollando históricamente en el ámbito de su responsabilidad social y ambiental.
No deja de llamar la atención que quienes hoy plantean esta solicitud, nunca la hubieran formulado con tanto énfasis en los pasados 11 años, ni bajo el gobierno de Duarte Frutos, el de Fernando Lugo, ni mucho menos el de Federico Franco. Entonces, ¿por qué el apuro de ahora?
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